Albares apunta hacia la armonización fiscal y control dual en el aeropuerto de Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, compareció en el Congreso para detallar las claves del acuerdo "histórico" sobre Gibraltar alcanzado el pasado 11 de junio, y al que solo le falta substanciarse en un acuerdo jurídico para entrar en vigor.
Según recogió la comparecencia, el documento prevé la libre circulación de personas, de acuerdo con el espacio Schengen, y mercancías, así como el control aduanero dual del puerto y el aeropuerto, que será regulado tanto por las autoridades gibraltareñas como españolas y de la Unión Europea (UE); son algunos de los puntos más destacados del acuerdo en RTVE.
El objetivo del futuro acuerdo, matizó Albares, “es el de garantizar la prosperidad futura de toda la región" y "salvaguardar los intereses de los residentes del Campo de Gibraltar". También, explicó, la “armonización fiscal” por fases con tipos europeos, incluyendo el tabaco, y que se extenderá a los impuestos especiales sobre carburantes y bebidas alcohólicas. "Gibraltar implementará un impuesto indirecto similar al IVA español que se alineará con la normativa europea para garantizar la igualdad de condiciones y así evitar distorsiones del mercado", aseveró Albares.
A su vez, se establecerá un instrumento financiero, al que contribuirán la UE, España, Reino Unido y Gibraltar, para promover la cohesión y apoyar el empleo y así "recortar las desigualdades que existen en la zona". Este acuerdo, según ha subrayado Albares, salvaguarda las posiciones jurídicas de España, en clave de soberanía. Desde el Reino Unido, el entonces ministro de Exteriores, David Lammy, calificó el acuerdo como "una solución práctica" que protegería "la soberanía británica, la autonomía militar del país y el futuro económico".
La oposición, en cambio, rechazó cada una de las palabras de Albares, según detalla la nota. Ya cuando se anunció el acuerdo preliminar en junio, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dudó sobre la idea de comprometer "la integridad territorial", y afirmó que su partido seguiría reclamando la soberanía del Peñón al considerarlo "lo responsable y lo democrático". Por su parte, Vox tachó de "ilegal, ilegítimo e injusto" el compromiso y defendió la "reintegración total de ese territorio bajo soberanía española".