Es muy difícil hacerse una idea cabal de lo que está pasando en España con la corrupción en estos tiempos sobre todo por la falta de parcialidad que están demostrando los grandes periódicos de tirada nacional que, a mi juicio, están “modulando” la realidad hasta hacerla casi irreconocible.
Conocí a Jaime en el año 1983 cuando yo era aún un Abogado del Estado en activo destinado en la provincia de Cádiz. Me lo presentó Juan Zumaquero quien por aquél entonces era mi profesor de golf en el club de Golf Sotogrande.
Son muchas las voces de diferentes estamentos sociales que están solicitando la reforma de la Constitución. Invariablemente el principal motivo de la solicitud de reforma se circunscribe al régimen de las comunidades autónomas por entenderse que hace falta una redefinición de competencias que conllevaría la racionalización en los gastos.
Era el año 1973, en plena crisis del petróleo, y yo estaba viviendo en Irán. En aquellos años los únicos medios de comunicación que existían eran la radio y los periódicos. Aunque por aquella época yo chapurreaba el “farsi” únicamente me servía para mis necesidades más vitales pero no para poder informarme a través de la radio.
Las participaciones preferentes son un producto financiero complejo que aúna características de la renta fija y de las acciones y que se pone en el mercado como forma de proceder a la financiación de determinadas entidades financieras.
Desde la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, que introdujo el divorcio como forma de disolución del matrimonio y sus efectos, se ha discutido acerca de la posibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias en el curso del procedimiento matrimonial.
La disposición adicional primera del Real Decreto Ley 12/2012 de 30 marzo por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, establece para los contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no residentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, la posibilidad de presentar una declaración tributaria especial con el objetivo de “regularizar” su situación tributaria.
Está muy extendida en nuestra sociedad la queja de la “impunidad” con la que actúan los gestores de los intereses públicos en España.
La Audiencia Provincial de Madrid ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un caso en el que una operadora telefónica seguía reclamando facturas ignorando la petición de baja del cliente.
No voy a ocultar que en la noche electoral me causó cierta sorpresa el resultado que iba mostrando el escrutinio de las elecciones andaluzas. Incluso al principio parecía que el Partido Socialista hubiera obtenido la mayoría absoluta.